El RIGI para proveedores: dónde va a estar el trabajo

17 de octubre de 2026  ·  Indumor

La geología nunca fue el problema.

La Argentina tiene cobre en la cordillera, litio en los salares y uno de los mayores recursos de shale del mundo desde hace décadas. Lo que faltaba era otra cosa: reglas estables durante el tiempo que tarda en pagarse una mina o un oleoducto, que se mide en décadas. En un país donde la previsibilidad era el recurso más escaso —más escaso que el cobre—, los proyectos grandes se quedaban en la carpeta.

Primer acto: el problema y la herramienta

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), creado en julio de 2024 por la Ley 27.742 —la llamada Ley Bases—, ataca justo ese punto: da estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años a inversiones desde US$ 200 millones (según el sector, el piso puede ser mayor). Los proyectos de exportación estratégica de largo plazo acceden a beneficios por más tiempo: Vicuña, en San Juan, fue el primero de cobre en lograrlo, con 40 años. Y el plazo para adherir se extendió hasta el 8 de julio de 2027.

Segundo acto: la consecuencia, una ola de proyectos

Al 9 de octubre de 2026 había 23 proyectos oficializados en el Boletín Oficial por unos US$ 50.000 millones —12 mineros, 7 de petróleo y gas, 2 de energía eléctrica, uno siderúrgico y uno de infraestructura—, otros cuatro aprobados a la espera de publicación y 24 en evaluación por unos US$ 160.000 millones. Entre los aprobados están Vicuña (US$ 9.737 millones), Los Azules, Veladero y Gualcamayo en San Juan; PSJ Cobre Mendocino; MARA en Catamarca; varios proyectos de litio en Catamarca, Salta y Jujuy; el oleoducto VMOS; y en Vaca Muerta, Rincón de Aranda, Bajo del Choique–La Invernada y Los Toldos II Este.

Para los proveedores la pregunta cambió. Antes era «¿habrá obra?». Ahora es «¿llegamos?». Y la ley agrega un piso concreto: cada proyecto debe presentar un plan de proveedores locales con un compromiso mínimo del 20% del monto destinado a pagar proveedores, siempre que la oferta local esté disponible en condiciones de mercado de precio y calidad, y debe sostenerlo tanto en la construcción como en la operación. La pelota, como se dice, quedó de nuestro lado.

Conviene leer bien la cuenta. El 20% no se calcula sobre la inversión total sino sobre el monto que el proyecto destina a pagar proveedores: si una mina va a gastar US$ 1.000 millones en bienes y obras, el compromiso mínimo con proveedores locales es de US$ 200 millones. Y la condición «en condiciones de mercado» es la que más pesa: el proveedor local entra si compite en precio, calidad y plazo, no por decreto. A eso se suman las leyes provinciales: San Juan sancionó en julio de 2026 su Ley 2728 de Desarrollo Minero Local, con metas de 60% de compras locales, y Neuquén aplica hace años su Compre Neuquino.

Tercer acto: qué conviene hacer ahora

• Registros al día: los provinciales —como el de proveedores mineros que creó en 2026 la ley sanjuanina o la certificación del Compre Neuquino— y los portales de compras de cada operadora. Tardan semanas; la licitación no espera.
• Calidad en papel: procedimientos de soldadura calificados, trazabilidad de materiales y protocolos de ensayos. Sin dossier, no hay adjudicación.
• Capacidad demostrable: metros cubiertos, personal, equipos y plazos que se puedan auditar.
• Logística resuelta: despiece pensado para el camión, embalaje, puntos de izaje y fletes a la cordillera o a la cuenca. El que entrega montable en sitio vale más que el que entrega en la puerta del taller.
• Alianzas: la combinación que mejor funciona es el contratista local que monta y mantiene, más el taller con capacidad para la fabricación pesada.

Para bajar todo esto a casos concretos, leé la minería de San Juan proyecto por proyecto, qué compra Vaca Muerta o el litio y el cobre de Catamarca. Y si estás armando una oferta para un proyecto RIGI y te falta capacidad de fabricación, en Indumor la sumamos: 7.500 m² cubiertos y 150 operarios por turno.

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